Un ayuntamiento catalán multó a un particular por "talar unos árboles". Han descubierto una red internacional de tráfico ilegal de basuras

La Guardia Civil, la Europol y la Gendarmería francesa acaban de detener a cuatro personas por meter en Cataluña al menos 46.000 toneladas de residuos franceses de forma ilegal. Y el caso tiene miga.

Porque cuando uno habla de 'tráfico internacional de basura' se imagina camiones pasando a oscuras por puertos perdidos del Pirineo y barcos descargando a mitad de la noche. Pero la verdad es que ningún camión tuvo que esconderse: cruzaron la frontera entre Francia y España sin mayor problema. 

Los papeles estaban, "en teoría", en regla.

¿En teoría? Ahí estaba el kid de la cuestión y lo que despistó a las autoridades. No tenía sentido meter basura en Cataluña desde Francia porque el canon catalán (75 euros) es más alto que el francés (69): aunque los costes globales sean más altos, el ahorro sería muy pequeño. La clave era otra cosa: que los camiones se movían por Europa declarando que lo que llevaban en sus cubas era "tierra". 

Y eso era lo novedoso. La red había dado un paso más y ya no "vendía" vertederos baratos, vendía recalificar los residuos completamente. De esa forma, la basura viajaba a España como material y acaba enterrado en un campo de frutales. 

Al usar el término "tierra" todo se simplificaba radicalmente: nadie cobraba, ningún expediente se activaba. 

¿Tenemos un vacío legal? No exactamente: la legislación no solo es clara, sino que incluso en este caso, las alertas se activaron. Sant Esteve Sesrovires detectó las actuaciones irregulares, abrió expediente, informó a Fiscalía y propuso una multa de 814.900 euros. ¿Por qué concepto? Por vertidos de tierras y abatimiento de árboles.

Fue al investigar el asunto cuando se descubrió el fondo de la cuestión.

¿Por qué es importante? Porque es el tercer episodio del mismo patrón en cuatro meses: en marzo, una macrooperación europea con 337 detenidos; en abril, 167.000 toneladas de escombros y amianto en la Axarquía; ahora, esto.

Y, sobre todo, porque la legislación española sigue siendo muy laxa. Nuestra ordenación exige "perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". Hay que modificarlo (es una exigencia Europea), pero aún no lo hemos hecho. 

Por eso, este caso se juzgará en términos de falsedad documental, delito fiscal, blanqueo. Es decir, aunque entre los delitos imputados está el medioambiental, la experiencia reciente sugiere que la condena, si llega, vendrá por el papeleo. Es una buena metáfora de un país que ha construído una de las fiscalidades más caras de Europa, pero la hemos dejado entera en manos de la autodeclaración responsable. 

Imagen | Zibik

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