El TSJCV confirma la sanción a la empresa que se tenía que encargar del mantenimiento del semáforo
Cuando un semáforo deja de funcionar existen normas viales que debemos seguir hasta que se repara. Lo peor es cuando esa reparación tarda varios días, provocando un caos en la circulación. Eso fue lo que ocurrió en 2023 en Valencia, y la disputa entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la empresa de mantenimiento quedó sin resolverse hasta hace unos días.
Lo que pasó. Durante cinco días de noviembre de 2023, el semáforo peatonal ubicado en la avenida Doctor Manuel Candela con la calle Santos Justo y Pastor mostraba al mismo tiempo la luz roja y la luz verde. Según cuentan desde El Motor, la primera alerta se registró el 14 de noviembre a las 6:45 de la mañana. Cuatro días después, una inspección municipal confirmó que el problema seguía sin resolverse.
Por qué tardó tanto. El origen del fallo, según el Ayuntamiento de Valencia, estuvo en que la empresa que se tenía que hacer cargo sustituyó las lámparas halógenas fundidas por otras de tipo LED con casquillo E27. Los servicios municipales las describieron como "palmariamente inadecuadas para redes de semáforos". El problema, además, no fue solo el tipo de bombilla que se utilizó, sino el procedimiento técnico que siguieron para instalarlas. Un procedimiento que los informes municipales calificaban de "técnicamente inapropiado".
Batalla jurídica. El Ayuntamiento impuso una sanción de 45.000 euros a Electronic Trafic S.A., empresa adjudicataria del contrato. La compañía la recurrió argumentando que había resuelto dos averías distintas, ambas en menos de dos horas, y que el consistorio había confundido de forma "deliberada" los términos avería e incidencia, lo cual conllevaría implicaciones económicas diferentes según el contrato. También alegó "animadversión" del jefe del Servicio de Movilidad hacia la empresa. Los tribunales no lo vieron así.
Lo que dijeron los jueces. El TSJCV confirmó el pasado 26 de febrero la sanción, respaldando la tesis del Ayuntamiento. La sentencia subraya "la gravedad del comportamiento seguido por el contratista", que dejó sin resolver la incidencia durante más de cuatro días en un cruce donde hay especial tráfico. El tribunal destacó que los informes municipales contaban con "gran precisión y exhaustividad" y que la empresa no aportó pruebas técnicas suficientes para rebatirlos. Según apunta El Motor, además de los 45.000 euros, la empresa deberá abonar 2.500 euros en costas procesales.
Lo que implica esta sentencia. Aquí el tema está en que la empresa notificó del problema pero el semáforo seguía sin funcionar correctamente durante esos días. Por tanto, el ayuntamiento insiste en que la responsabilidad recae sobre la empresa, desde la notificación hasta la solución. Siendo el fallo un semáforo, un dispositivo crítico de seguridad vial, con más razón la urgencia de encontrar una solución. Cada vez son más las ciudades que externalizan la gestión inteligente del tráfico a empresas privadas, y la sentencia desde luego sienta precedente.
Qué pasa ahora. El cruce opera con normalidad. La sentencia todavía admite recurso de casación, aunque el hecho de que dos tribunales distintos hayan avalado la posición del ayuntamiento hace que la empresa tenga poco margen de maniobra.
Imagen de portada | Georgi Zvezdov
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