Sin denunciantes como Snowden o Frances Haugen habría sido mucho más difícil conocer los oscuros movimientos de la NSA o Facebook. Proteger las fuentes de filtraciones periodísticas y a estos denunciantes es importante para denunciar casos de corrupción y malas prácticas. En esta dirección desde la Unión Europea se aprobó la 'Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones'. Una Directiva que debía haberse implementado en España pero a día de hoy, plazo máximo obligatorio que tenía el Gobierno, no se ha realizado.
Desde la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) han lamentado este retraso injustificado y denuncian que España no haga sus deberes por proteger a una figura tan relevante para nuestra democracia como son los 'whistleblowers'.
Prohibición de represalias y anonimato para denunciantes
La Directiva europea establece una serie de medidas para proteger a estos denunciantes, aunque sigue teniendo margen de mejora para proteger mejor las filtraciones. Desde la PLI esperaban una transposición con la inclusión de medidas como la aceptación de denuncias anónimas y que los canales de denuncia no se limiten a lo que una persona pueda conocer en su ámbito de trabajo.
Son opciones que desde Europa dejan abierto a los distintos países y desde las organizaciones en defensa de la libertad de la información abogan porque se introduzcan.
❗️ Desde la @PDLI (PLI) lamentamos el retraso injustificado en la transposición de la Directiva de Protección de Denunciantes.
— PLI (@PDLI) December 17, 2021
Estas son las consecuencias para medios, fuentes, periodistas y para el derecho a la información de la ciudadanía👇👇👇https://t.co/tUoG2Hxl3Y
Entre las obligaciones que sí implementa la Directiva y que en España todavía no tendremos está la de contar con canales de denuncia interna y externa para que se puedan denunciar casos de ilegalidad.
Estos canales van acompañados de garantías como el aseguramiento de la confidencialidad sobre el denunciante y la prohibición de represalias en el ámbito laboral, desde el despido hasta otras como el acoso, intimidación o la modificación de las condiciones de trabajo. Es decir, la ley europea establece que protecciones para que las empresas no puedan "hacer pagar a los trabajadores" cuando hay una filtración.
La PLI denuncia que el Gobierno ha tenido dos años para hacer la transposición y avisa que un Decreto Ley (la vía rápida que no pasa por el debate público) no es la solución.
Algunas comunidades autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares sí cuentan con canales de denuncia que admiten alertas anónimas y de cualquier persona. Ahora falta que desde España sigan este camino e implementan una ley que proteja la denuncia y contemple protecciones para la revelación de secretos de buena fe.
Gracias a estos denunciantes hemos podido conocer prácticas que nos afectan a todos, pero si los gobiernos no protegen estas figuras, será difícil que podamos tener un mejor conocimiento de lo que nos rodea.
Imagen | Chris Yang
Más información | PDLI
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