El protagonista de esta historia no sabe qué hacer para que sus hijos dejen de usar dispositivos móviles por la noche y se duerman pronto. Están enganchados a las redes sociales y, si no se lo impide, se quedan hasta altas horas de la madrugada navegando por estas plataformas. Otras medidas no han surtido efecto, así que decide tomar una decisión radical: compra un inhibidor de ondas multibanda, capaz de bloquear la señal WiFi y los datos móviles, y lo conecta todas las noches de 12 a tres de la mañana. Lo que no sabe es que, además de a los niños, está impidiendo conectarse a internet a medio pueblo.
Ha sucedido en la localidad de Messanges, al sur de Francia, un municipio que se encuentra a unos 75 kilómetros de la frontera con España. El hombre en cuestión no sabía qué potencia tenía el dispositivo que había comprado, y durante varias noches dejó sin acceso a internet a muchos vecinos de su pueblo y del de al lado sin querer, según explica la radio gala ANFR.
El uso del inhibidor de frecuencia fue detectado por una de las operadoras móviles que ofrece servicios en la zona, la cual se percató de que una de sus antenas había dejado de funcionar varios días seguidos de la medianoche a las tres de la madrugada sin motivo aparente. Por ello, enviaron un equipo técnico con un vehículo especializado dotado, entre otras cosas, de un radiogoniómetro y un dispositivo de detección de ondas hostiles. Así, lograron identificar con bastante rapidez que la causa del problema era un inhibidor de frecuencia, y la casa en que éste se ubicaba.
Al preguntar al dueño de la casa en cuestión, éste reconoció que estaba usando un inhibidor de frecuencias para que sus hijos no tuvieran acceso a la red por la noche. No tenía ni idea de que estaba privando de internet a la mitad del pueblo. Tampoco que el uso de ese tipo de dispositivos por particulares es ilegal en muchos países, incluida Francia.
Por ello, la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia ha iniciado acciones legales contra este hombre, que ahora se enfrenta a una pena de hasta seis meses de cárcel y a una multa de hasta 30.000 euros. Además, también tendrá que pagar 450 euros por los gastos derivados de la investigación.
En España el uso de inhibidores de frecuencia también está prohibido para particulares, y las sanciones son cuantiosas: hasta 500.000 euros cuando se trata de una infracción grave, y hasta 20 millones de euros en caso de infracciones muy graves. En nuestro país, como en muchos otros, la utilización de estos dispositivos está reservada a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Administraciones Públicas. En determinados casos, también hay particulares que pueden emplearlos, pero sólo si consiguen la autorización expresa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
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