España vive en un continuo dolor de cabeza con sus enchufes para coches eléctricos. En su último Barómetro de Electromovilidad, Anfac aseguraba que España apenas había instalado el 10% de los enchufes que debería haber puesto a disposición de los conductores a finales del año 2022.
El objetivo para finales de 2022 era tener 45.000 puntos de recarga en nuestras ciudades y carreteras. El último recuento situaba la cifra en apenas 13.411 puntos de carga, con un crecimiento de 3.154 nuevos puntos de carga disponibles en los primeros tres trimestres de 2022.
Para tratar de solventar esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo proceso que trata de aligerar la burocracia necesaria para instalar nuevos enchufes en las gasolineras. El objetivo es reducir la burocracia y agilizar los trámites para conseguir una red de recarga mucho más densa que la actual.
Esta ha sido la última decisión política para tratar de aumentar los enchufes disponibles, pero hace tiempo que se puso en marcha una maniobra para obligar a las gasolineras a dotar sus instalaciones de puntos de recarga para coches eléctricos.
En la Orden TED/1009/2022 ya se especificó que las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolina y gasóleo en 2019 deben instalar al menos un punto de recarga de 150 kW y aquellas con ventas superiores a cinco millones de litros deberán afrontar la instalación de un enchufe de 50 kW.
Ahora, las petroleras acusan a las eléctricas de torpedear su entrada en el mercado. Y las eléctricas a la administración.
40.000 electrolineras en el limbo
La fotografía general es surrealista. Según Expansión, 40.000 solicitudes para la instalación de puntos de recarga se encuentran en punto muerto, girando en el círculo vicioso burocrático. Una inversión que alcanza los 6.000 millones de euros.
Mientras que el comprador de un coche eléctrico sigue encontrándose dificultades durante los viajes largos y España recibe 6,2 puntos en el indicador de infraestructura de recarga de Anfac (la media europea es de 12,1 puntos), petroleras, eléctricas y administración se acusan las unas a las otras del atasco.
Según el diario económico, las petroleras están acusando a las eléctricas de ralentizar a propósito las conexiones dependientes de éstas con sus instalaciones. A su vez, las eléctricas se acusan entre ellas, pues las redes de distribución dependen de diferentes grupos en función de la región y, por tanto, se acusan de priorizar sus puntos de recarga o ralentizar las conexiones de los enchufes de la competencia.
Y, por último, las eléctricas también acusan a las administraciones (a todos los niveles: municipal, regional y estatal) asegurando que el atasco burocrático impide que puedan nutrir a la red de la electricidad demandada.
El resultado es que existen puntos de carga cuya infraestructura lleva meses instalada pero que siguen sin recibir energía y, por tanto, no pueden ser utilizados. Un paseo por Electromaps sirve para verificar esta situación.
El problema, asegura Expansión, es que poner en marcha un punto de recarga es un auténtico infierno burocrático. Así lo ejemplifica Miguel A. Patiño en su artículo:
Desde el diario aclaran que el proceso es digital en el mejor de los casos, pero que en algunas comunidades autónomas trabajan con registros manuales y, además, los ayuntamientos tampoco emplean siempre el mismo procedimiento a la hora de registrar las solicitudes.
El resultado es la escasa red de recarga que los dueños de coches eléctricos tienen a su disposición. De media, para la puesta en marcha de un enchufe se necesitan entre 18 y 24 meses, pese a que las obras que hay que acometer apenas deberían llevar más dos semanas.
Y a todo lo anterior se suma la enorme falta de criterio a la hora de realizar las instalaciones. No hay un criterio claro que especifique el número de enchufes ni la potencia que debe tener una electrolinera. Así, algunas instalaciones cuentan con decenas de enchufes y diferentes potencias mientras que otras sólo prestan servicio con una toma de carga lenta y otra rápida.
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