El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, alertaba en rueda de prensa que estos días han encontrado casos de "utilización criminal" de las redes sociales. Una situación que ha llevado al Gobierno, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a plantearse realizar cambios legales para impedir que "aquellos que contaminan la opinión pública" salgan impunes.
El anuncio se produce a raíz de una denuncia realizada por Unidas Podemos a la Fiscalía, donde exponen la difusión de un vídeo con información falsa sobre material sanitario y acusaban al Gobierno de "asesino". En el escrito sostienen que la difusión de este bulo supondría un delito de "desorden público, simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado" y advierten de la existencia de una "organización criminal" encargada de este tipo de bulos.
Estos cambios legales que plantea el Gobierno no son sencillos de implementar. Y es que la propia difusión de bulos no está tipificada, pero los expertos explican que "ya existen varios tipos penales" que sirven para luchar contra la difusión de mentiras y bulos en las redes. Un debate que no está centrado en si hay que luchar intensamente contra la desinformación en internet, donde todos los implicados coinciden, sino en qué mecanismos legales hay que aplicar para enfrentarse a ellos.
Así lo exponía el ministro de Justicia:
"Quiero adelantarles que tenemos un problema como sociedad con las 'fake news'. Sabemos que constitucionalmente tenemos el derecho a recibir información veraz y me comprometo a revisar si nuestro instrumento legal es suficiente fuerte y garantista para cumplir con ese derecho. Y si ello lo llevamos a un estado de alarma, creo que está más que justificado que hagamos, con calma, una revisión de cuales son nuestros instrumentos legales para impedir que al menos no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna"
‼El ministro @jccampo ha alertado hoy sobre el problema que suponen las #fakenews "porque impiden el derecho a recibir información veraz" y ha apuntado a un cambio legislativo a futuro "para dotarnos de instrumentos legales contra quienes contaminan a la opinión pública" pic.twitter.com/ecvRILU8cE
— Ministerio Justicia (@justiciagob) April 6, 2020
Qué contempla la ley sobre la difusión de bulos
Borja Adsuara, profesor y abogado experto en Derecho, se muestra "preocupado al respecto". En referencia a la denuncia interpuesta por Unidas Podemos, el experto cree que "no tiene mucho recorrido. Hablan del delito de Injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado, pero la mayoría de jueces entienden esto bajo libertad de expresión. Ya veremos que dice la Fiscalía".
Poner un tuit contando una noticia falsa o crear una cadena de WhatsApp explicando un bulo no constituye un delito en sí mismo. La difusión de bulos como tal no está tipificada como delito. Si bien, en función del bulo, sí puede encajar en otros delitos recogidos en el Código Penal que pueden llegar a ser castigados con multas y años de cárcel.
Uno de los tipos penales que puede utilizarse frente a cierto tipo de bulos es el artículo 561, de Delitos de desórdenes públicos. Dice así, "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento".
"En el caso del Artículo 561 sí se podría aplicar un delito. Fue creado pensando para cuando se hacían falsos avisos de bomba desde una cabina. En esta crisis, se podría aplicar en caso de un bulo que hiciera colapsar el sistema sanitario y tuviera que intervenir la Policía para gestionarlo. Pero el Código Penal se tiene que aplicar en los comportamientos más graves, no en una crítica al Gobierno", expone Adsuara.
En la misma línea se sitúa Carlos Sánchez Almeida, director jurídico y miembro de la Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.
🔴 COMUNICADO | La @PDLI_ rechaza la criminalización de los bulos e insta a combatirlos sin recurrir al #CódigoPenal👇👇👇https://t.co/0FaWf07J0r
— PDLI (@PDLI_) April 7, 2020
"Mi postura es la de la PDLI. De conformidad con los convenios internacionales, hay que ir hacia la derogación de todos los delitos de opinión. En la medida que se quiere perseguir como injurias y calumnias al gobierno, estamos en contra. Estamos solo a favor de que se utilice lo que ya hay en el Código Penal, en concreto el artículo 561. Cuando se dan las condiciones exactas de ese artículo sí consideramos correcto que se ejecute. Pero todo eso ya está", defiende Almeida.
Otros bulos pueden encajar en el artículo 504, el delito de injurias contra el Gobierno de la Nación. "Pero incluso este tipo de bulos no tiene mucho recorrido. Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha defendido que quemar una foto del Rey no es delito", explica Adsuara. "Imagínate si los Tribunales tuvieran que juzgar todas las tonterías que se dicen en las redes sociales. En las redes hay muchos bulos, pero también muchos ojos que miramos. Para el que sea más grave que sí, se le persiga. Por calumnias, delitos de odio o el correspondiente. Añadiría el delito de falsedad documental (artículo 390). Porque para que un bulo sea creíble, el creador intenta aportar algo que sea verosímil".
El Código Penal incorpora una gran cantidad de tipos y algunos de ellos podrían llegar a utilizarse en la difusión de ciertos bulos. Tenemos el artículo 510 de incitación directa al odio y el artículo 402 de usurpación de funciones públicas, que podría aplicarse en casos de difusión de certificados médicos o ministeriales falsos. Los expertos también nos nombran el artículo 282, de publicidad engañosa. "En este caso podría llegar a aplicarse en un bulo creado por una empresa o un fabricante", explica Almeida.
Una matización curiosa la realiza Adsuara, donde nos explica cuál es el papel de aquellos que ayudan a difundir un bulo. "Si usted ha difundido ese bulo, se llama dolo eventual. Aunque usted no quería que ocurriera, ha aceptado que podía pasar". Aunque aquí, Adsuara matiza un detalle. "Lo contrario a los bulos no son las 'fake news', es la información 'falaz'". "Falaz es lo contrario a veraz. Y aquí está presente la pretensión de engañar. Solo es delito cuando con conocimiento de su falsedad, fabricas un bulo sabiendo que es falso, con la intención de engañar. No es delito cuando difundes un bulo de buena fe, porque simplemente te lo has creído".
Qué proponen los expertos para legislar los bulos en internet
En opinión de Borja Adsuara, "No creo que luchar contra los bulos requiera un tipo específico. No lo creo porque no puede haber un tipo omnicomprensivo de todos los tipos de bulos. Eso tardaría muchísimo y no creo que estemos en el mejor momento para hacer una reforma del Código Penal".
Según Adsuara, "tenemos ya instrumentos suficientes para perseguir los casos más graves de bulos. Dejemos en paz a lo que es simplemente un mal uso de la libertad de expresión. La censura solo puede ser de contenidos claramente ilegales. En caso de duda, prevalece la libertad de expresión".
Durante estos días conocíamos la información que WhatsApp va a limitar el reenvío de mensajes para luchar contra la desinformación. Al respecto de qué medidas pueden hacer las redes sociales, las empresas y el Gobierno para luchar contra los bulos, Adsuara nos responde que "lo único que pueden hacer las redes sociales y el Gobierno es proteger el pluralismo informativo. No es la verdad o la mentira, sino fomentar el espíritu crítico. Un gobierno no puede entrar en analizar la verdad de una información, porque además debería hacerlo con todas las noticias. Lo único que puede perseguir es aquellos mecanismos artificiales que pueden deformar el pluralismo informativo, como las redes de bots".
¿Cuál sería su solución? "Lo que propuso la subcomisión de estudio de redes sociales del Congreso de los Diputados en 2015 es crear un organismo sectorial en colaboración público-privada para fijar los criterios y en colaboración con la Policía. Actuaría como segunda instancia." Un informe, apunta Adsuara, que "se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios" y donde "no se ha hecho nada desde entonces".
"Lo que puede hacerse de esa manera es criminalizar la información no veraz".
Según explica Almeida, "Si alguien maneja una granja de bots para generar estas alarmas, entonces ya se puede perseguir. Lo que se pretende con los anuncios que se han dado, da la sensación que quieren crear artículos nuevos. Y eso es muy peligroso. Porque lo que puede hacerse de esa manera es criminalizar la información no veraz. Es decir, información que no es un bulo pero no se ha contrastado adecuadamente. En ese caso, perseguirlo por vía penal sería muy peligroso. Además ya existe el derecho de rectificación vía civil. Y además se puede exigir una indemnización para los perjudicados".
"El problema de la propaganda es que se agita, pero a la hora de la verdad no muestran ningún texto con lo que quieren cambiar en el Código Penal". Y es que aquí radica la polémica con las declaraciones del ministro de Justicia. Han anunciado que van a "revisar los instrumentos legales" para que sean más "fuertes", pero no han explicado cómo perseguirán la difusión de bulos más allá de lo que ya existe en el Código Penal. Unos cambios que, como explica Almeida, "requieren de mayoría absoluta y Consejos de Estado. Nunca se debe legislar en caliente y una reforma del Código Penal no se puede tramitar por la vía rápida".
Imagen | Enginakyurt
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