Los tiempos cambian y la adopción de nuevas tecnologías se amplía en diversas disciplinas, sin embargo, aún existen leyes que no están preparadas para dar ese salto. Tal era el caso del préstamo de libros electrónicos en bibliotecas, algo que no tenía una regulación clara, lo que ocasionaba que cada institución implementara sus propias reglas.
Desde junio pasado, Maciej Szpunar, abogado general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJUE), ha mencionado que el préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas públicas debe equipararse al de los ejemplares tradicionales en materia de protección de los derechos de autor de los escritores. Y hoy finalmente ha sido publicada la sentencia que confirma esto.
Una regulación que busca reducir las diferencias entre formatos
Actualmente, la ley de derechos de autor restringe la elección de los e-books que pueden ser prestados al público, lo que afecta la flexibilidad de las bibliotecas al tener que hacer acuerdos por separado con editoriales y autores. Esto ha llevado a que por ejemplo en Reino Unido se alquilen sólo algunos libros electrónicos, donde la selección es muy pobre ocasionando que menos del 1% de los prestamos totales sean digitales.
Con esta sentencia se aplicarán las mismas reglas para los prestamos de e-books en todas las bibliotecas, las cuales serán las mismas que se usan para los libros impresos. Todo se operará bajo el modelo "una copia, un usuario", es decir, una copia del libro electrónico estará disponible en el servidor de la biblioteca, lo que permitirá que cualquier persona lo descargue por un periodo de tiempo, durante este periodo el libro no estará disponible para otros usuarios, ya que sólo una copia se podrá prestar a la vez. Después de que el periodo de préstamo caduque, el usuario ya no tendrá acceso al libro y automáticamente podrá ser descargada una nueva copia por otro usuario.
Estos prestamos electrónicos deberán cumplir con las actuales regulaciones de derechos de autor, además de que la biblioteca deberá obtener la copia digital de forma legal, ya que así se garantiza el pago de derechos al autor, además de que permite autorizar estos alquileres sin el consentimiento expreso del autor.
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